El Estatuto Alien Tort (ATS)
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El Estatuto Alien Tort (ATS) permite que extranjeros presenten demandas en cortes estadounidenses por abusos de sus derechos humanos. El primer congreso del país promulgó el ATS en 1789, otorgándole jurisdicción a cortes estadounidenses sobre casos en los cuales un extranjero presenta una demanda por violaciones de la “ley de naciones” o por violaciones de un tratado del cual los Estados Unidos es parte.
Se sabe poco del significado original y del objetivo del ATS, ya que en gran medida la ley no se usó hasta 1980. Con la decisión histórica de la corte de apelación del segundo circuito en el caso Filartiga v. Peña-Irala, se revivió al ATS como herramienta de los derechos humanos. En Filartiga, dos ciudadanos paraguayos residentes de los EEUU presentaron una demanda contra un ex-jefe de la policía paraguaya, quien también vivía en los EEUU y que había torturado y asesinado a un miembro de su familia. El segundo circuito confirmó jurisdicción bajo el ATS y decretó que la “ley de naciones” y la ley internacional consuetudinaria prohíben la tortura sancionada por el estado.
Desde Filartiga, el ATS se ha usado ampliamente para hacer responsable a individuos que han cometido abusos de los derechos humanos fuera del país. En 1996, Terry Collingsworth, quien es actualmente el director de IRAdvocates, lideró el uso del ATS como herramienta de la responsabilidad corporativa. Sr. Collingsworth presentó el primer caso usando el ATS contra una corporación. John Roe I v. Unocal Corporation intentó hacer responsable a Unocal por violaciones de derechos humanos cometidos durante la construcción de su gasoducto en Birmania.
Después del caso de Unocal, la comunidad empresarial atacó al ATS, ya que buscaba inmunidad por sus violaciones de derechos humanos. En el caso de la Corte Suprema del año 2013, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., la comunidad empresarial razonó que solamente “individuos,” y no corporaciones o empresas, pueden ser responsables bajo el ATS. Este argumento tuvo éxito en el contexto de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA) – el 18 de abril de 2012, la Corte Suprema mantuvo en Mohamad v. Palestinian Authority que corporaciones y organizaciones están excluidas de responsabilidad bajo el TVPA.
La Corte Suprema publicó su decisión en Kiobel el 17 de abril de 2013. La decisión de la corte no excluye a corporaciones ni organizaciones de la responsabilidad por violaciones de derechos humano bajo el ATS. Sin embargo, sí limita la capacidad de demandantes extranjeros de presentar demandas bajo el ATS por daños cometidos fuera de los Estados Unidos. La corte decidió que este tipo de caso no concierna al territorio de los Estados Unidos con suficiente fuerza para proporcionar jurisdicción a cortes estadounidenses.
A pesar de esta complicación, IRAdvocates continuará utilizando al ATS como herramienta hacia la defensa de los derechos humanos y la imposición de la responsabilidad corporativa. Muchos de los casos que IRAdvocates y Conrad & Scherer litigan tienen que ver con corporaciones basadas en los EEUU que participaron de manera sustancial en el fomento de abusos de derechos humanos aquí en los Estados Unidos.